Al segundo ministro de Gobierno de Fernando Riera le tocó enfrentar una serie de conflictos. José Alberto Cúneo Vergés tomó la posta que había dejado vacante Arturo Jiménez Montilla, tras la resolución incruenta de un levantamiento policial, en agosto de 1984.

A Jiménez Montilla lo compensó Riera con una banca en el Senado, después de la muerte de Ramón Adrián Araujo.

En la elección del ministro pesó el liderazgo del gobernador, quien impuso su nombre a las distintas fracciones que componían la compleja alianza interna del oficialismo.

Los resentimientos que causó la designación del ministro se exteriorizarían luego en el Poder Legislativo, donde el peronismo era mayoría. La UCR, en tanto, ejercía el papel de control. En el gabinete también se produjeron fricciones con Cúneo Vergés.

Simultáneamente se avivaron las protestas sindicales, especialmente de ATEP. Los reclamos policiales adicionaron tensiones en los primeros años de la reconstrucción institucional. Era una época de pluralismo político y social. apuntó la historiadora Hilda Sabato, al reflexionar sobre los condiciones en que se desarrolló la etapa abierta en diciembre del 83.

Tiempo tormentoso
Cúneo Vergés juró como secretario de Bienestar Social, cuando Riera se hizo cargo del timón del Estado en 1983. Ex colaborador del intendente Carlos María Torres, militó en la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y luego en el Centro de Estudios Geopolíticos (Cegeo) orientado por Osvaldo Cirnigliaro, del que se desvinculó para insertarse en la Comisión de Unidades Básicas. En sus primeras declaraciones, prometió mejorar la calidad de la educación, jerarquizando la tarea docente.

Rumbo al recinto
La cuestión docente se erigió en una de las fuentes de desgaste del ministro. Los maestros acosaban a Riera con sus reclamos salariales y con la huelga. El descontento con la política educativa del Gobierno se trasuntó en sendas interpelaciones al responsable del área en 1985. La Constitución de 1907 -vigente entonces- reconocía el derecho de las Cámaras de Diputados y de Senadores a pedir informes en el recinto a los miembros del Ejecutivo (artículo 56). La disconformidad de los legisladores con los informes rendidos no afectaba la estabilidad de los funcionarios.

La primera interpelación se concretó el 14 de abril, a raíz de un planteo del radicalismo. Alfredo Terraf (UCR) denunció que los miembros de su sector habían sido amenazados por una multitud que bloqueaba el acceso al edificio de Rivadavia 25. El peronista Isidoro Medina acusó a Terraf de querer crear el clima que le conviene a la UCR. Manuel Martínez (UCR) cuestionó a la secretaria de Educación, María Etelvina Iovane de Levi, por su perfil ideológico. Enrique Kaenel (PJ) planteó, a su vez, los incumplimientos financieros de la Nación, que estrangulaban el desarrollo de los planes gubernamentales. Las explicaciones del ministro recibieron el aval de la mayoría.

En soledad
La interpelación del 11 de diciembre en el Senado tuvo un marco diferente. El oficialista Hugo Lazarte piloteó el rechazo de los argumentos del ministro. Sólo hubo 49 días de clase sobre 165, advirtió Cecilio Heredia (UCR). El pago de los días de huelga a los maestros había indignado a los oficialistas.

José Domato dejó la presidencia del Senado y fustigó al ministro desde una banca. Reclamó que se planifique con seriedad. Con esfuerzo vamos a revertir el camino equivocado, dijo. Cúneo Vergés contestó: el PE tiene aciertos y errores, pero no un rumbo errático.

El ministro dimitió en febrero de 1986 para competir en la interna del PJ.